La SB1070 mantiene una de sus manos más dura

Por Beatriz Paniego Béjar

La SB1070, la ley “papeles, por favor” o la ley del perfil racial, algunos de los nombres como ha sido comúnmente conocida la ley de Arizona “Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act”, q

ue pretendía resolver su sistema migratorio mediante la aplicación de una fuerte ley racista y anti-inmigrante, ha sido derribada en tres puntos clave por la Corte Suprema de los EE.UU.

Hace dos años el gobierno de Barack Obama presentó una demanda para bloquear la SB1070, poco después de su entrada en vigor, con lo que las cuatro provisiones clave no fueron puestas en práctica.

El 25 de abril de 2012 la Corte Suprema comenzó la discusión sobre estos cuatro puntos de la SB1070:

• Sección 3, la cual convertía en un delito la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona.
• Sección 5(C), la cual hacía un delito que los inmigrantes indocumentados obtuvieran empleo en Arizona.
• Sección 6, que le permitía a los alguaciles de la policía arrestar a un individuo si tenía causa probable para pensar que la persona era un inmigrante indocumentado.
• Sección 2(B), la que requiere a los oficiales llevando a cabo una parada, detención o arresto a hacer esfuerzos, en determinadas circunstancias, para verificar el estatus migratorio de la persona con el gobierno federal.

De las cuatro secciones a discusión, las tres primeras fueron derribadas el 25 de junio por la Corte Suprema, dejando en vigor aún una de las provisiones más controversiales y por la que cientos de grupos en defensa de los inmigrantes a lo largo de todo el país, incluyendo UnidosNow, se han manifestado fuertemente en contra.

Los puntos contra la sección 2(B)

A pesar de la gran victoria que ha supuesto para la defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes la decisión de la Corte, quedando todavía en pie la norma que permite pedir los documentos a una persona en una parada, detención o arresto, la discriminación sigue siendo una realidad.

La verificación del estatus migratorio en caso de que se sospeche que la persona puede ser un inmigrante indocumentado, ha empujado a los grupos defensores de los inmigrantes a criticar la forma en que este procedimiento se supone se llevará a cabo: haciendo un perfil racial, obligando a todo aquel que “tenga aspecto hispano” a cargar sus documentos con él, o –en caso de carecer de ellos- vivir en las sombras.

En una declaración escrita, el presidente dijo estar contento con la decisión de la Corte Suprema derribando partes clave en la ley de Arizona, aunque está preocupado por lo que se dejó intacto: “Ningún americano debería vivir nunca bajo una nube de sospecha solo por su aspecto”, diciendo que la policía en Arizona no debería hacer cumplir la provisión de manera que se atente contra los derechos civiles.

Mitt Romney, supuesto candidato presidencial por el partido republicano, quien en más de una ocasión ha defendido la ley Arizona, defendía ese miedo impuesto a los inmigrantes indocumentados para empujarles a lo que ha llamado “auto-deportación”: “La gente decide que puede vivir mejor yéndose a casa porque no pueden encontrar trabajo aquí, porque no tienen documentación legal que les permita trabajar aquí”, explicó en uno de los debates de las primarias contra sus adversarios republicanos.

La sección 2(B) cuenta con ciertos límites, pero, sin embargo, aún la administración federal expresó sus preocupaciones en dos puntos: la obligatoriedad de comprobar el estatus de la persona, y la posibilidad de que la detención sea prolongada mientras se comprueba dicho estatus.

La demanda de los Estados Unidos argumenta que hacer obligatorio comprobar el estatus migratorio interfiere con el esquema de inmigración federal. No obstante, como apunta la Corte, esta sección no permite a los oficiales estatales crear prioridades para contactar a ICE o no sobre alguien a quien han detenido, sino que, por el contrario, han de pedir esta información para todos los casos.

Así, el Supremo lo dejó claro: “Las consultas entre funcionarios federales y estatales es una característica importante del sistema de inmigración. […] Y el Congreso ha obligado a ICE a responder a cualquier solicitud realizada por oficiales estatales para la verificación de la nacionalidad de una persona o su estatus migratorio”.

De hecho, ya hoy existen dos programas de ICE con el que las fuerzas policiales federales, estatales y locales colaboran para identificar a extranjeros que han sido arrestados y proceder, en determinadas ocasiones, a su deportación.

Se trata de Comunidades Seguras –con el que la policía envía huellas y otros datos biométricos de la persona arrestada al FBI y este a ICE- y la sección 287 (g) –con el que ICE entrena a la policía estatal y local para llevar a cabo funciones de aplicación de la ley de inmigración-, dos programas muy presentes en determinados condados de la Florida, por ejemplo.

El juez Anthony Kennedy, quien comunicó la opinión de la Corte, también dijo que: “Retener a las personas únicamente para verificar su estatus de inmigración plantearía problemas constitucionales”. Aunque no llegó definir qué constituye una detención demasiado larga, sí se mencionó en la decisión del Supremo que “el Centro de Apoyo de la Aplicación de la Ley de ICE opera ‘24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año’, y provee, entre otras cosas, ‘estatus migratorio, información identificativa, y asistencia en tiempo real a fuerzas policiales locales, estatales y federales’”, información obtenida del propio Departamento de Inmigración y Aduanas, con el que el Supremo pretende mostrar que una detención extendida no sería justificada.

En el mismo punto, el juez Kennedy recomienda la lectura de la sección 2(B) para evitar las preocupaciones por cuanto a la detención prolongada.

La primera sentencia de la sección se aplicaría al caso de que se produzca, por ejemplo, una parada a alguien que cruza la calle imprudentemente y no provee una identificación. En este caso, verificar su estatus solo se realizará si hay una sospecha razonable de que su presencia en los EE.UU. es ilegal: “Los tribunales estatales pueden concluir que, a menos que la persona sigua siendo sospechosa de algún delito por el cual haya sido detenida por agentes del estado, no sería razonable prolongar la detención por una investigación migratoria”.

En el caso de detener a una persona que maneja bajo la influencia del alcohol se trataría bajo la sentencia segunda de la 2(B), que dice que “toda persona que sea arrestada tendrá determinado su estatus migratorio antes de ser puesta en libertad”. La Corte Suprema especifica en este caso: “Incluso si la ley es leída como una instrucción para completar un control mientras la persona está en custodia, por otra parte, no está claro en esta etapa y en este récord que el proceso de verificación resultara en una detención prolongada”.

Esta determinación plantea que ante el desconocimiento de cómo el estado de Arizona implementará esta sección de la ley, se ha dejado intacta, pero podría derrumbarse más adelante.

Reacciones públicas

La decisión del Supremo ha llegado en pleno año de elecciones, cuando todas las palabras se miden en votos electorales.

Ante la decisión que ha tomado ahora la Corte Suprema, Romney –que ya ha tomado un tono más suave respecto a la inmigración para ganarse el crucial voto latino- dijo que hubiese preferido que el tribunal “diera más libertad a los estados” en la ley de inmigración. “Creo que cada estado tiene el deber –y el derecho- de asegurar nuestras fronteras y preservar el imperio de la ley, particularmente cuando el gobierno federal no ha cumplido sus responsabilidades”, criticó.

El candidato demócrata también habló de la inacción en el tema migratorio, culpando, por su parte, al Congreso: “Lo que esta decisión deja inequívocamente claro es que el Congreso debe actuar en la reforma migratoria integral”, afirmó Obama.

En un tweet, la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi escribía: “La Corte ha repudiado mucho de la destructiva ley de inmigración de Arizona, pero mantiene la puerta abierta a la discriminación. Necesitamos urgentemente una reforma migratoria”.

Por su lado, el representante republicano por el distrito número 1 de Arizona, Paul Gosar, escribió: “Arizona siempre ha sido un líder en la lucha por los derechos de los estados y estoy seguro que Arizona continuará esta lucha para seguir hacia delante”.

Tampoco faltó la reacción de la gobernadora impulsora de la ley, Jan Brewer, quien vio la decisión del Supremo como “una victoria de la ley y el orden” y la confirmación de que Arizona tiene la autoridad de ayudar a identificar y expulsar a inmigrantes indocumentados del estado. “El corazón de la SB1070 puede ser ahora implementado de acuerdo a la constitución estadounidense”.

Los estados que siguieron a Arizona en la creación de una ley anti-inmigrante como la suya –Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah- saben ahora a qué atenerse.